La amnistía fiscal es simple y llanamente el perdón a los evasores fiscales, siempre y cuando lo evadido no tenga como origen acciones delictivas prescritas o no. Esta amnistía recibe el nombre de “Declaración Tributaria Especial” o D.T.E., se formaliza cumplimentando el formulario modelo 750 e ingresando en el banco el 10% del valor a regularizar.
Se hace con la finalidad de “aumentar la recaudación de la Agencia Tributaria” y así regularizar capital y propiedades no declaradas en el territorio nacional los cuales permanecían improductivos en nuestra economía por estar localizadas principalmente en paraísos fiscales. La Agencia Tributaria espera poder aflorar sobre unos 25,000 millones de €uros. Los defraudadores indultados no serán marcados de forma alguna por Hacienda ni padecerán ningún tipo de persecución o investigación. Una vez finalizada esta amnistía aquellos que defrauden serán castigados con dureza con multas por un importe mínimo de 10.000 €uros. Hasta aquí queda resumida la amnistía.
Para la mayoría de los expertos fiscales y la ciudadana es totalmente injusto que quienes no han tributado “religiosamente” pasen a estar al corriente con la ley sin contraprestación alguna por su parte. Si a esto sumamos las cantidades no cotizadas a la hacienda pública por dichos capitales y propiedades se antoja mucho más injusta. Por contra hay quien la ve con buenos ojos, la aparición de ese capital podría ayudar a dinamizar nuestra economía tan afectada por la crisis.
Esta era la idea inicial de la amnistía, el año 2012 el gobierno estimó que el capital regularizado superaba los 85.000 millones de €uros y confiaba en los efectos beneficiosos por aparición de tal cantidad de dinero tendría sobre la actividad económica del país. A día de hoy no parece que la economía nacional haya repuntado con los millones surgidos tras la amnistía. El tiempo dará y quitara razones.