Cuando una persona decide emprender un proyecto empresarial siempre es conveniente que evalúe la posibilidad de recibir algún tipo de ayuda o subvención por parte del Estado, que ayude a dar un empuje al proyecto durante al menos la primera etapa. Hoy en día ante las dificultades de conseguir créditos, lo lógico sería que fuera el Estado quien ayudase con los recursos públicos a que las empresas comenzasen a trabajar.
Por tanto, vemos como las circunstancias son las idóneas para que el Estado actúe como subvencionador o prestamista proporcionando aquellos recursos económicos necesarios para financiar la actividad de las empresas. La cuestión es si debería el sector público realizar este tipo de actividades.
Es razonable que los emprendedores necesiten y busquen ayudas públicas para financiar sus proyectos. Sin embargo, los negocios no deberían estar condicionados a las ayudas públicas. Lo ideal es que las empresas busquen sus propias ayudas y subvenciones privadas que analicen si el negocio es o no viable en función de los beneficios que vaya a tener.
En el caso de que el Estado fuera quien financiara a las empresas, qué criterios seguiría para conceder las ayudas, ¿los proyectos seleccionados tendrían subvenciones ilimitadas con independencia de su viabilidad y del plan de negocio?
Son las empresas privadas las que realizan un exhaustivo análisis previo para conocer los proyectos rentables y viables de los que no lo son. Lo correcto sería obtener la financiación principal por parte de los canales privados, ya que si nuestro negocio no es viable quizás tengamos que dedicarnos a otro nicho diferente.
Por tanto, concluimos el artículo argumentando que las ayudas públicas pueden ser una solución de forma puntual en un momento determinado, pero éstas no pueden ser la fuente principal de recursos para financiar los proyectos empresariales. Las subvenciones y ayudas del Estado deben concebirse como un extra puntual que se adquiere y que además no necesita ser devuelto.